Tribunal Supremo de Elecciones, República de Costa Rica

COMUNICADO DE PRENSA

Dos verdades por la Democracia

Dos verdades por la Democracia

San José, 8 de agosto de 2019. 1. El actual Código Electoral cumple el próximo mes sus primeros 10 años de vigencia. Para poner en perspectiva su importancia es necesaria una mirada retrospectiva. El financiamiento de los partidos políticos es hoy el reto más grande de las democracias del mundo. Un reto que debe encararse con rigor científico (evidencia empírica y conocimiento experto) y perseverancia, porque la realidad obliga al constante examen y mejora de sus mecanismos de control. Nuestro país debe sentirse orgulloso del avance sustancial que introdujo el Código de 2009 en esta materia:

  1. Extensión de la cobertura del financiamiento público a las elecciones municipales (para fortalecer la democracia local).
  2. Extensión de la cobertura del financiamiento público a los gastos permanentes de los partidos (para incentivar que cumplan su rol que va más allá de lo electoral).
  3. Celeridad en el proceso de liquidación de los gastos partidarios (en promedio, los tiempos se redujeron a un tercio de lo que tomaban con el sistema anterior).
  4. Mayor transparencia en el manejo financiero y de las donaciones privadas.
  5. Robusto sistema de fiscalización y de control permanente y no solo con ocasión de las liquidaciones de gastos.
  6. Tipificación de comportamientos irregulares para atacar la impunidad.

Estos primeros 10 años de vigencia, han sido una etapa transicional que ha impuesto retos para todos los actores:

Una curva de aprendizaje para los partidos. Compleja, por la magnitud del cambio frente a la tradicional opacidad financiera y malas prácticas que, aunque fueran hechas públicas por la prensa, no eran susceptibles de sanción.
Un desafío para la Administración Electoral. Construir un sólido músculo organizacional capaz de asumir la formidable tarea de control y fiscalización que la nueva legislación demandaba, puliendo y perfeccionando los mecanismos técnicos para ello.
Y para la magistratura electoral, la cuidadosa labor del juez superior, aclarar jurisprudencialmente el recto sentido de una normativa compleja, que debía implementarse con vigor, pero sin que ahogara a los partidos.
El Ministerio Público, por su parte, en virtud del monopolio de la persecución penal en el país, ha debido tramitar las denuncias, diligenciar esos procesos y hacerse cargo de la imputación de los cargos que, a su exclusivo juicio, correspondía acusar.
Más importante aún, en estos 10 años de vigencia, particularmente las últimas tres áreas de innovación (D, E y F) han tenido consecuencias prácticas de amplio conocimiento público. Bajo el anterior régimen legal, en cambio, durante casi 6 décadas, en Costa Rica nadie enfrentó responsabilidades penales por sus acciones relativas al financiamiento partidario.
Ello marca el horizonte a seguir. Sin perjuicio del avance que supuso la reforma de 2009, el TSE ha planteado reiteradamente la necesidad de nuevas reformas. También las ha propuesto (sin que hayan sido acogidas por la Asamblea Legislativa). Reformas que fortalezcan el sistema de control y tornen más equitativo y oportuno el financiamiento. No reformas involucionistas que busquen quitarle capacidades de control al TSE para regresar al pasado de opacidad e impunidad.

2. El Tribunal Supremo de Elecciones rechaza categóricamente la denuncia de uno de sus sindicatos según la cual “Magistrados TSE favorecen al PAC” (en portada del Diario Extra de este miércoles 7 de agosto). A lo largo de los años, el juez electoral ha sentenciado asuntos de financiamiento que en algunos casos eran conformes y en otros contrarios a las posiciones e intereses de los diferentes partidos, sin que ninguno, nunca, haya recibido un trato privilegiado.
Se pueden o no compartir las tesis jurídicas de lo resuelto en cada caso, pero de ninguna manera acusar, a partir de allí, un favorecimiento partidario que sería delictivo. Afirmarlo, sin prueba alguna, sin mayor argumento que la discrepancia en un criterio jurídico, es una temeridad que insulta el valor más elemental de nuestra mundialmente admirada institucionalidad electoral, la imparcialidad política, y que no podría ser más grave sino fuera porque, además, es formulada por funcionarios con responsabilidad electoral.
Por ello, aunque se trate de un infundio expresado por unos pocos representantes sindicales y aunque no haya tenido acogida en la opinión pública nacional, aclaramos lo relativo al caso en cuestión:

  • En la resolución n. º 7783-E10-2015 no se permitió el pago de ningún gasto; por el contrario, lo que se hace es recuperar un monto. El TSE tuvo por acreditado que, en la liquidación de gastos del año 2010, se incluyó, como monto a ser pagado con cargo a la contribución del Estado en favor del PAC (dineros a los que tuvo derecho por la cantidad de votos obtenidos en la elección de ese año), un cheque que nunca fue cobrado por Televisora de Costa Rica S.A.
  • Al no haberse dado un desembolso del dinero por concepto de pago de esa pauta publicitaria (ya que el cheque no fue retirado), entonces el gasto no se tiene por realizado y por ende no corresponde su reconocimiento, según el modelo de financiamiento por reembolso que tiene Costa Rica.
  • Dadas esas circunstancias, lo correcto era recuperar el dinero reconocido por el TSE, como efectivamente ocurrió en la sentencia en cuestión.
  • Así, el TSE dispuso que el Estado recuperaría ese dinero del monto que se reconoció al PAC de su reserva para gastos de organización. En palabras coloquiales, el TSE tomó de la reserva de organización -que tenía a su haber el partido- el dinero desembolsado en el año 2010, de forma tal que el dinero público fue efectivamente recobrado. En conclusión, la sentencia lo que hace es recuperar (para el erario público) un dinero tomándolo de la reserva de organización del PAC.
  • El TSE recuperó en favor del Estado costarricense la suma de ¢32.529.113,12 (treinta y dos millones quinientos veintinueve mil ciento trece colones con doce céntimos). Ese monto incluso tomó en cuenta la indexación (intereses) del monto originalmente liquidado al partido en aras de que las finanzas públicas no sufrieran menoscabo alguno, ni siquiera el resultante del paso del tiempo entre la respectiva liquidación de gastos y la fecha en que se recuperó el dinero por parte del Estado.




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